Por una derivación del caso de los cuadernos de las coimas K investigan a 71 empresas de obra pública

Mientras la Sala I de la Cámara Federal analiza si confirma o no los procesamientos dictados por el juez Claudio Bonadio contra ex funcionarios y empresarios involucrados en el caso de coimas revelado a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, comenzó una nueva etapa de investigación derivada de la causa original.

El juez Bonadio le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que informe quiénes eran las autoridades de 71 empresas que hicieron negocios con obra pública durante los años 2003 a 2015, es decir mientras gobernó el kirchnerismo.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, en el pedido enviado a la IGJ también se solicitó que se informara si esas compañías integraron Uniones Transitorias de Empresas (UTE) mediante las que participaron de licitaciones de obra pública.

El listado de empresas incluye a varias cuyos dueños se presentaron como arrepentidos ante los fiscales del Caso Cuadernos, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo y confesaron haber pagado coimas a ex funcionarios de la gestión kirchnerista.

Entre las empresas investigadas en la nueva fase derivada de la iniciada a partir de lo que escribió Centeno se hallan IECSA, que estuvo en manos de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y arrepentido en el Caso Cuadernos. Entre 2003 y 2007, hasta que fue comprada por Calcaterra, la firma IECSA pertenecía al conglomerado empresario conducido por la familia Macri.

Aldo Roggio también admitió haber pagado coimas y su compañía Benito Roggio e Hijos fue incluida en la lista que Bonadio le envió a la IGJ.

En el listado está también Esuco, de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de Construcción quien ante los fiscales confesó haber organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo y haber pagado coimas desde 2004 en adelante. La firma José J. Chediack está también en la lista: José Chediack, quien sucedió a Wagner en la presidencia de la CAC, también confesó haber pagado coimas por recibir contratos de obra pública. Calacaterra, Roggio, Wagner y Chediack están entre los procesados por Bonadio por pertenecer a una asociación ilícita formada por ex funcionarios y empresarios para beneficiarse a partir de las millonarias coimas y contratos.

En el listado también aparece la firma Electroingeniería, cuyo dueño Gerardo Ferreyra fue procesado y está detenido por orden de Bonadio en el Caso Cuadernos. La constructora CPC del empresario Cristóbal López, detenido por otro caso de corrupción, integra el listado de las firmas bajo investigación. Y también Austral Construcciones del empresario Lázaro Báez quien está detenido y sometido a juicio oral y público por un caso de lavado de dinero.

En el listado figuran empresas como Decavial, Supercemento, Luis Losi, Panedile Argentina, Coarco y Equimac, cuyos dueños o bien declararon como arrepentidos o en indagatoria en el Caso Cuadernos y confesaron el pago de coimas. Algunos de ellos fueron procesados en tanto aún no se ha resuelto la situación procesal de otros.

Varios empresarios confesaron haber pagado coimas por la obra pública y también por haber sido quienes explotaban corredores viales y debían pagarle a Claudio Uberti. El ex funcionario también declaró como arrepentido y explicó cómo era la recolección de coimas entre quienes explotaban rutas con peaje.

En el caso original iniciado a partir de lo que escribió Centeno, quedaron involucrados los ex funcionarios y los empresarios de firmas que hicieron obra pública civil relacionada con la energía. Pero como en la causa apareció información de otros negociados, Bonadio abrió varias causas derivadas de la investigación primigenia.

Una es por las coimas pagadas por empresarios en el área de Transporte y cobradas-según hombres de negocios arrepentidos- por los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Otra de las causas se centra en los que pagaron las coimas cobradas por Uberti cuando estaba a cargo de los corredores viales. Y finalmente la causa en la que se hizo el pedido de información a la IGJ es la que se conoce como la de obra pública.

El listado de 71 empresas tiene su base en la información aportada como arrepentido por el financista Ernesto Clarens quien se adjudicó el rol de recaudar el dinero pactado por coimas entre los ex funcionarios y los empresarios. Clarens aportó varios listados de empresas con las sumas de dinero que hizo cada una de ellas.

Esa lista de Clarens se complementa con otros nombres que aparecieron en diferentes declaraciones como la de Wagner o la del ex secretario de Obras Públicas José López quien también se convirtió en uno de los arrepentidos del Caso Cuadernos. Y con información que se sumó al expediente.

El listado está integrado por empresas que realizaron y realizan obra pública a lo largo y a lo ancho del país y que están bajo investigación como parte de un desprendimiento del caso iniciado partir de la descripción de un sistema de recolección de bolsos con dinero que hizo Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ex número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.