El gobierno porteño presentó una denuncia penal a partir de las aseveraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien dijo públicamente que conocía el cobro de coimas por parte de la Policía de la Ciudad. La presentación apunta a la obligación que tienen los funcionarios públicos a presentarse ante la Justicia cuando toman conocimiento de un delito.
Pietragalla había lanzado duras acusaciones contra la policía porteña, en la misma jornada en que el kirchnerismo buscaba quitarle recursos en el contexto del enfrentamiento con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
El gobierno porteño tomó cuenta de sus dichos, que incluían aseveraciones sobre el cobro de sobornos, y se presentó ante la Justicia para que se investigue.
Allí refiere que Pietragalla, en el programa periodístico denominado «¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?» de Radio Con Vos, dijo que «cuando la Gendarmería Nacional empezó a intervenir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue para evitar los negocios turbios que realizaba la Policía Federal Argentina; pero que ahora esos negocios turbios volvieron con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y que todos los vecinos lo saben». Y, según la denuncia, luego afirmó que «cualquier carrito que vos ves en la calle, viene la Policía de la Ciudad y vos le tenes que poner plata, coima, la Policía es coimera al mango».
El kirchnerismo exacerbó su enfrentamiento contra la gestión de Rodríguez Larreta desde que decidió quitarle fondos a la Ciudad de Buenos Aires para remitirlos a la provincia, que gobierna el oficialista Axel Kicillof.
En ese contexto, Pietragalla cargó este lunes contra la policía porteña. «Si los senegaleses quieren vender tienen que arreglar con la policía un porcentaje de su venta y si le arreglan algo tienen la garantía de que le avisan cuando va a haber un operativo. Netamente corrupta la Policía de la Ciudad», dijo el secretario de Derechos Humanos, según la transcripción que adjuntó la denuncia.
El gobierno porteño puntualizó entonces que, al estar «en conocimiento de hechos que podrían configurar delitos penales, como cohecho o extorsión» y en virtud de su obligación como funcionario público, se lo cite «a fin de que amplíe sus dichos e informe dónde se encuentran radicadas las denuncias de los hechos de los cuáles él tomó conocimiento en virtud de la función pública que ejerce».