Sostienen que tras el fallo de la Corte Suprema que dispuso un resarcimiento por la expropiación, la vicepresidenta, el ex vice y el actual procurador del Tesoro deben afrontar esa deuda con su propio patrimonio.
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de declaración en el Congreso para “instar al Poder Ejecutivo” para que disponga que el resarcimiento que el Estado debe pagar por la expropiación de la empresa Ciccone Calcográfico sea afrontado con el patrimonio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el ex vicepresidente Amado Boudou y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
La iniciativa responde “al reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 3 de marzo del 2022 en la causa caratulada ‘Ciccone Calcográfica S.A. s/ otros – concurso preventivo s/ incidente transitorio’, que dispone que el Estado Argentino deba hacer efectivo el pago de una suma que asciende a más de mil millones de pesos”.
La Corte dictó la inconstitucionalidad de la Ley N° 26.761 que dispuso la expropiación de la imprenta, que afrontaba un proceso de quiebra y derivó en las condenas a Boudou y otros funcionarios y empresarios por el fallido intento de rescate.
Los diputados opositores propusieron que el Congreso le recomiende al Ejecutivo que “arbitre las medidas necesarias para que dichas sumas de dinero sean afrontadas por los Sres. Amado Boudou, Carlos Zannini y Cristina Fernández de Kirchner, quienes son los verdaderos responsables de propiciar el tratado y la aprobación” de la expropiación.
Los diputados, entre ellos Graciela Ocaña, Pablo Torello, Gerardo Milman, Marcela Campagnoli y Roberto Sánchez, consideraron que la normativa sancionada por el Congreso en 2012 fue “una ley sancionada con el único objetivo de encubrir los actos delictivos llevados a cabo por Amado Boudou”.