Se trata de Gholamreza Ghasemi y otros dos miembros de la tripulación. Presentaron un escrito y se negaron a responder preguntas.
Declararon ante el juez por actividades «terroristas»
El piloto Gholamreza Ghasemi y otros dos iraníes declararon hoy ante el juez federal Federico Villena por el avión de Emtrasur que está retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. Los tres integrantes de la tripulación se negaron a contestar preguntas y solo declararon por escrito. Al igual que otros dos venezolanos que declararon este lunes, los iraníes están acusados de financiar actividades terroristas.
Concretamente, se los acusa de utilizar la empresa iraní-venezolana Emtrasur para desviar fondos que habrían sido utilizados para financiar actividades terroristas. En la imputación, se mencionan vuelos de Teherán a Siria a través de la aerolínea Fars Air Qeshm, vinculada a Hezbollah. Esos viajes figuran en el informe que el FBI aportó a la causa a mediados de junio: “Fars Air Qeshm opera vuelos entre Irán y Siria de forma regular. Como parte de los esfuerzos realizados por Irán y la Fuerza Quds para equipar a Hezbollah con armas, componentes militares avanzados y las armas están siendo contrabandeadas desde Irán a Hezbollah en el Líbano utilizando vuelos civiles de Teherán a Damasco. Se sabe que un avión que pertenece a Fars Air Qeshm ha transferido equipos de Irán a Hezbollah en Líbano utilizando la ruta entre Teherán y Beirut”.
La imputación también menciona otros viajes de los iraníes en el avión de Emtrasur. Todos esos vuelos estarían conectados a las maniobras de ocultamientos del dinero, a cargo de los dos venezolanos citados a indagatoria.
La acusación contra los iraníes está prevista en el artículo 306 del Código Penal. Ahora el juez tiene un plazo de diez días hábiles para resolver su situación procesal, es decir, si los procesa, los sobresee o les dicta una falta de mérito.
Los iraníes del avión no contestaron preguntas
Aunque los tres iraníes no contestaron preguntas, la audiencia duró más de tres horas porque intervino un traductor público y se le tomaron sus datos personales, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
Según la querella de la DAIA, los cinco tripulantes citados a indagatoria están sospechados de haber participado “en una operación comercial lícita con el fin de obtener dinero y/o bienes con la intención de ser utilizados o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar a organizaciones consideradas terroristas”.
Al piloto del avión iraní lo vincula una prueba del FBI
En el caso del piloto Gholamreza Ghasemi, la prueba más valiosa en su contra sigue siendo el informe del FBI que lo vincula con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah. “La Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico. Las Fuerzas Quds operan un campo de entrenamiento para Hezbollah en el Valle de Bekaa en el Líbano y han reportado entrenamiento para más de 3.000 soldados en los cuarteles que tiene la Guardia Revolucionaria en Irán”, apuntó ese informe.
La DAIA también valoró el contenido de las fotos y videos que se encontraron en el celular de Ghasemi. “Los antecedentes profesionales y comerciales de Ghasemi no parecen compatibles con la actividad que pretende haber desarrollado en el Boeing cuestionado. Contradice la lógica que una persona con su expertise y cargos jerárquicos en diferentes empresas, venga a Argentina transportando una irrelevante carga de autopartes –flete que por añadidura resulta no rentable- y, aunque se pretenda que hacía las veces de instructor para la tripulación venezolana, vale la pena subrayar que, aunque dicha ‘excusa’ se escuchara por primera vez de nuestro Secretario de Inteligencia- Agustín Rossi-, no existían en la aeronave al momento del arribo papel alguno que diera cuenta de dicha finalidad lo que es internacionalmente obligatorio”, dice el escrito presentado en el jugado de Lomas de Zamora.
Los otros dos iraníes citados a indagatoria son Abdolbaset Mohammadi y Saeid Valizadeh.
Tras la salida de 12 tripulantes del avión
La ronda de indagatorias arrancó este lunes con la declaración de Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta. Los dos venezolanos están sospechados de una serie de irregularidades financieras vinculadas a la carga del avión.
En su descargo, Arraga Urdaneta volvió a insistir con que los iraníes cumplían el rol de instructores: “Hemos tenido que viajar con una tripulación compuesta por 19 personas, justamente porque, tal como hemos referido en diversas oportunidades, Venezuela no cuenta actualmente con pilotos capacitados para poder manejar una aeronave de tal magnitud, motivo por el cual nuestros pilotos se encontraban siendo capacitados por los ciudadanos iraníes, dentro del marco de la asistencia técnica contemplada en el contrato, aunado también a que ellos tienen gran prestigio y antigüedad en el manejo de esta aeronave. Por estas razones, la tripulación contaba con 19 personas de nacionalidad iraní y nacionalidad venezolana”.
Citados a indagatoria
Los cinco tripulantes citados a indagatoria ahora deben esperar una decisión de la Justicia. En cambio, el juez ya sobreseyó a los otros 14 tripulantes: Mahdi Mouseli; Mohammad Khosraviaragh; Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramirez Martinez; Zeus Rojas Velasquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Perez; Angel Marin Ovalles; Nelson Coello y José García Contreras. De ese grupo, doce ya volvieron a sus países y otros dos fueron autorizados a regresar en las últimas horas.
Plazos cuestionados por la DAIA
Hace dos semanas, la Cámara Federal de La Plata había autorizado la salida del país de 12 tripulantes. En ese fallo, el tribunal había sostenido que “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia, en el plazo de diez días, que se computarán desde que este legajo sea devuelto a la instancia de origen”.
El plazo impuesto por la Cámara, cuestionada por la DAIA, activó los llamados a indagatoria.
INFOBAE