La Secretaria de Derechos Humanos de la Nación publicó un informe en el que desmiente que Gerardo Martínez, titular de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA), tenga vínculo con el centerar de trabajadores desaparecidos durante la última dictadura.

El organismo que preside Eduardo Luis Duhalde entregó a la Justicia “los 94 hechos (secuestros y desapariciones) vinculados con trabajadores o ex trabajadores ligados a la construcción son anteriores a marzo de 1982”, fecha en la que Martínez ingresó al Batallón 601 como agente de inteligencia,  según la dependencia.

Martínez no hizo declaraciones públicas sobre esta imputación aunque en julio pasado firmó una solicitada en la que aclaraba: “No he integrado ni tenido participación en actividades represivas de las fuerzas armadas ni de seguridad en período alguno, tal como se me atribuye”.

En la denuncia de organismos de derechos humanos y opositores a su conducción en el gremio, se lo acusaba abiertamente de haber actuado como personal civil en la inteligencia de la última dictadura.

Ese dato fue ratificado por la propia Secretaria de DD.HH cuando respondió el primer oficio del juez a cargo de la investigación, Ariel Lijo: Martínez se desempeñó en el lugar entre 1982 y 1983 pero en éste segundo informe comunican que los informes de desapariciones son previos a 1979 y el sindicalista tampoco figura en el listado de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas (CONADEP).

Lijo tiene por delante la revisión de las microfilmaciones del legajo, adelantó La Nación.