En un giro inesperado, Lázaro Báez y su círculo retiraron las presentaciones que habían realizado ante la Justicia suiza en la causa que los investiga por presunto lavado de dinero. Las sociedadesTeegan Incorporated (de su hijo, Martín Báez) y Helvetic Services Group (atribuida al propio empresario cercano al gobierno nacional) se presentaron ante el Tribunal Federal, máxima instancia judicial helvética, y levantaron el pedido para que se desbloquearan sus cuentas y se suspendiera el secuestro de sus fondos.
Ahora, el Ministerio Público (que en Suiza actúa como fiscal y juez de instrucción) deberá definir si archiva la causa o envía a juicio a los acusados.
Por el momento se desconocen los motivos del cambio en la estrategia judicial de la familia Báez. Tal vez, según publica el periodista Juan Gasparini en su sitio personal, la decisión respondió a quela apelación tenía pocas chances de llegar a buen término.
Pero tal vez el verdadero motivo esté en un cambio de táctica: en lugar de intentar progresos en la Justicia suiza, la defensa de Báez y sus allegados apuesta a que los tribunales argentinos no aporten mayores pruebas de que el dinero del empresario cercano al gobierno nacional es producto de algún tipo de ilícito. De conseguirlo, podría declararse el sobreseimiento o la falta de mérito.
En su momento, el abogado de ambas sociedades, Maurice Harari, sostuvo que en el expediente hay «insuficiencia de sospechas» respecto a «la existencia del crimen previo al lavado de dinero» por parte de Lázaro Báez y su familia. Por ese motivo, aseguró «que las informaciones requeridas por Suiza no existen».
En 2013, un allegado a Hugo Moyano fue beneficiado gracias a una estrategia similar. En aquel entonces, Ricardo Rubén Depresbiteris, sospechado de ser testaferro del titular de la CGT opositora, fue investigado por una cuenta de unos dos millones de dólares en Suiza. La Justicia de ese país envió diversos pedidos a la Argentina para conocer si esos fondos habían sido obtenidos de manera ilícita. Pero la solicitud no prosperó porque el juez Norberto Oyarbide no respondió. La defensa de Depresbiteris entregó entonces una certificación judicial de que no estaba acusado por delitos penales en la Argentina y el presunto testaferro recuperó los dos millones de dólares.