Previsible, acotado y sin estridencias. Sobre todo, sin aplausos ni fotos públicas. Así pasó para los gremios la reunión del Consejo del Salario, que ayer elevó ese sueldo de $ 6060 a $ 8060, un 33% más, a partir de enero del año próximo.
Sin la pompa de otros años y con la novedad de que los jefes de las dos CTA estuvieron presentes, el resultado del encuentro se oficializó en una reunión breve y a puertas cerradas entre funcionarios, empresarios y sindicalistas que encabezó el presidente Mauricio Macri.
También a diferencia de otros años, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo esquivaron la cita. El jefe de la CGT Azopardo había dejado trascender que probablemente no aparecería por la Casa Rosada y no lo hizo. La ausencia del gastronómico y jefe de la CGT Azul y Blanca fue algo más sorpresiva
Antonio Caló, líder de la CGT oficial, sí estuvo, pero salió de la Casa Rosada minutos después de las 16, a paso firme y en silencio, no bien terminó el cara a cara con Macri.
Las ausencias y el silencio dejaron claro que las CGT hicieron todo lo posible para evitar mostrarse con el Presidente celebrando el aumento del salario mínimo, una medida largamente anunciada que en el Gobierno leen como un punto a favor oportuno en plena tensión por el veto inminente de la ley antidespidos.
La reunión con Macri, que en principio parecía una previa del anuncio público en algún salón de la Casa Rosada con discurso incluido, finalmente transcurrió sin euforias ni reclamos.
Fueron apenas 15 minutos sin intercambio de posiciones. Sólo un breve discurso en el que el Presidente destacó la mejora del salario mínimo vital y móvil como un «avance» y valoró el «diálogo» con los empresarios y los representantes de los trabajadores.
Estuvieron el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y su par de Producción, Francisco Cabrera, además de un grupo de empresarios. Por los gremios, además de Caló, Pablo Micheli (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), -que rechazaron el nuevo salario mínimo-, escucharon a Macri el moyanista Julio Piumato (judiciales); Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Armando Cavallieri (Comercio), de la CGT oficial, el ferroviario Omar Maturano, Roberto Fernández, (UTA) y Luis Acuña (estaciones de servicio), el único representante de Barrionuevo.
Más allá de los saludos de rigor, los gremialistas no abrieron la boca. Fue el primer cara a cara después del llamado de apuro de Macri a los sindicalistas hace diez días, el día que anunció el acuerdo con los empresarios para contrarrestar la ley antidespidos.
Lejos de la tensión de ese día, los hombres de las centrales obreras sólo escucharon. Probablemente haya contribuido el hecho de que la agenda del Consejo finalmente no incluyó la eventual implementación de los descuentos salariales por huelga ni la intención empresaria de acordar paritarias por productividad.
Los dos temas crispan a los gremios y podrían volver a reunirlos en torno de una consigna común contra el Gobierno, como hace apenas un mes ocurrió con la ley antidespidos, que fue el reclamo central del acto del 29 de abril. Esa unidad demostró ser meramente coyuntural: frente al veto inminente de la norma, cada central tomará su camino. Micheli ratificó ayer que ya piensa en un paro para la primera quincena de junio, que contaría con el apoyo de Yasky. Moyano, Caló y Barrionuevo, cada uno por sus motivos, no piensan ni por asomo en una huelga general en el corto plazo.
Además, en los últimos días, la Casa Rosada se encargó de apaciguar los ánimos con varias medidas. A los fondos para las obras sociales sindicales y la suba de tarifas (crucial para los gremios de transporte), se sumó un principio de acuerdo para que las prestadoras de salud que manejan los gremios queden fuera de la ley de acceso a la información que ya tiene media sanción de Diputados.
Por lo pronto, los jefes gremiales volverán a encontrarse mañana en la reunión de la Pastoral Social en Mar del Plata. Con el veto ya consumado, de esa mesa de cinco podrían surgir los próximos pasos del movimiento obrero.
Crédito del BID por US$ 300 millones
Horas antes de oficializar su veto a la ley antidespidos -lo que se espera para hoy-, Mauricio Macri recibió buenas noticias en efectivo. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, confirmó un préstamo por US$ 300 millones, destinado a políticas sociales de primera infancia y educación. «El mundo entero reconoce que la Argentina está de vuelta, no es un tema menor», dijo Moreno en un acto con Macri, en la Casa Rosada.
Moreno confirmó a la nacion que «habrá un aumento de los desembolsos este año» y que los US$ 300 millones se sumarán a los más de US$ 800 millones que la entidad ya tenía previstos para 2016. Macri destacó la importancia de los Centros de Primera Infancia (CPI). El Presidente, que no habló de la ley antidespidos, abogó por la «confluencia entre los sectores público y privado», y elogió el sistema uruguayo de centros para niños que, dijo, inspiró su proyecto porteño.
fuente LA NACIÓN