Con Santa Cruz como centro de operaciones, los negocios de Lázaro Báez se ramificaron por distintos puntos del país. Documentos de sus contratos, incluso, fueron atesorados en los lugares más insospechados. La justicia de Corrientes encontró papeles de obras del empresario patagónico en una caja fuerte de una presunta financiera clandestina. La fiscalía federal de esa provincia ya les remitió su hallazgo al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan para que investiguen esa pista en la llamada «ruta del dinero K».
La pesquisa se inició a partir de una denuncia de un funcionario de la regional Resistencia de la AFIP, que pidió investigar la actividad de la Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis Limitada, con oficinas en el centro de la ciudad de Corrientes. Eso derivó en una causa por «intermediación financiera no autorizada», porque se sospechaba que realizaba operaciones ilegales, a modo de «banco clandestino», a espaldas de los controles del Estado.
En el marco de esa causa fueron ordenados varios allanamientos a las oficinas de Pyramis. En los procedimientos se secuestraron millonarias sumas de dinero en distintas monedas, cientos de cheques y pagarés, documentos y varias máquinas de contar billetes. Guardada bajo llave también se encontró, por azar, una subcontratación que hizo la constructora Sucesión Anselmo Biancalani -sindicada como parte del emporio de Báez- para una obra de Vialidad en Formosa.
Según los documentos hallados en Pyramis, a los que accedió la nacion, Sucesión Adelmo Biancalani subcontrató a la firma Ingyserv SA para hacer un tramo de la ruta nacional 86, en la provincia de Formosa, obra otorgada por Vialidad Nacional. En el acuerdo, le encargaba algunos ítems de la licitación, como la construcción de alambrados, bacheos, señalización y la confección de una dársena para ascenso y descenso de pasajeros.
El pago de los trabajos se realizaría «mediante la entrega de cheques de pago diferido con fecha a los 45 días desde la certificación de las obras», en tanto que se otorgaba un anticipo financiero de $ 300.000. En los allanamientos también fue hallada una actuación notarial del colegio de abogados de Chaco que validaba el contrato con Ingyserv SA, una constructora pequeña creada en 2007 en Corrientes, de acuerdo a los registros oficiales.
Para la Justicia está probado que la empresa Sucesión Adelmo Biancalani, radicada en Resistencia, es de Báez. Cuando Leonardo Fariña declaró como «arrepentido» afirmó que se llevó «mucho dinero físicamente por tierra en camiones de Austral Construcciones a la provincia del Chaco, donde tienen la empresa denominada Adelmo Biancalani e Hijos». También dijo que era posible «encontrar facturas apócrifas y sobrefacturación» de esa empresa.
Un peritaje ordenado por Casanello determinó que el empresario patagónico adquirió el 50% de la firma chaqueña en 2006, mientras que en abril de este año ordenó un allanamiento a sus instalaciones.
Allanamiento
Los documentos de Sucesión Adelmo Biancalani estaban bajo una estricta custodia en Corrientes. Pyramis ofrecía a sus clientes el servicio de «cajas de archivo». Cuando la Justicia allanó el lugar se encontró con verdaderas cajas de seguridad encubiertas donde se guardaban dinero y documentación. De acuerdo con la pesquisa, los cofres estaban tras una puerta blindada y todo estaba vigilado por un circuito de cámaras de seguridad.
El juez federal de Corrientes Juan Carlos Vallejos dictó el procesamiento de siete responsables de Pyramis. «La cantidad de dinero en efectivo en diferentes monedas, cheques, documentación relacionada con préstamos, pagarés y millonarias operaciones bursátiles indican que la estructura jurídica de la cooperativa fue un montaje para ocultar que eran un banco clandestino», agregó el magistrado.
Los titulares de Pyramis, que aseguran ser una cooperativa de recursos financieros legal, apelaron los procesamientos y aún está pendiente la resolución de la Cámara.
Más allá del devenir del juicio en Corrientes, a los investigadores les resultó llamativo que los documentos de esa obra vial estuvieran custodiados en esa cooperativa financiera. Por eso pusieron esos papeles en conocimiento de sus pares de Comodoro Py que están tras la ruta del lavado de dinero.
Pérez Corradi, presionado
Uno de los abogados de Ibar Pérez Corradi, Carlos Broitman, dijo que por las sucesivas indagatorias a las que fue sometido su defendido «hay veces que se siente como si fueran a ponerlo contra la pared para que informe». Además, dijo que su cliente «está muy lejos de tener una condena» por el triple crimen de General Rodríguez.
fuente LA NACIÒN