El gobierno de Mauricio Macri comenzó en estas horas una dura negociación con la Cámara Nacional Electoral (CNE), que preside Alberto Dalla Vía, sobre la gestión y el control del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas de 2017 y por la auditoria y aprobación del futuro sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). Este sistema se estrenará el año próximo, aunque no sería en todo el país y aún no se sabe en cuántas provincias.
En la nueva ley de reforma política, cuyo proyecto se dictaminará el martes próximo en la Cámara de Diputados, se consignará que la CNE gestionará y controlará el escrutinio provisorio y auditará y homologará el sistema de BUE.
El escrutinio provisorio es el que se hace la misma noche de los comicios y se difunde como primer resultado público de las urnas.
Sin embargo, ahora la pelea se profundizó por la negociación del presupuesto que los jueces exigen. La Casa Rosada sostiene que la CNE debe calcular el personal y los recursos para auditar y homologar todos los sistemas y, sobre la base de ello, proponer el presupuesto. La CNE está en favor de establecer un porcentaje sobre el gasto total.
Según pudo saber LA NACION, los jueces aceptaron ayer que el recuento de votos provisorio se haga con el centro de cómputos que se formaría con el data center de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (Arsat), que proveerá el Estado, tal como tenía previsto el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien gestiona el sistema de BUE. El data center de Arsat tiene gran capacidad y no significaría una erogación adicional porque es estatal.
Por ahora, se sabe que la BUE se podría aplicar en 2017 en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma (CABA), Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Chaco y en algunos otros distritos, aunque no hay certezas de cuántos. En CABA, Salta y Chaco se usó ya el sistema electrónico en las elecciones de 2015.
«Se definirá el martes, cuando el Congreso termine el dictamen del proyecto de ley de reforma política», señalaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada.
El costo de la votación
Según altos funcionarios, se necesitarían 120.000 computadoras para cubrir todo el país y cada una costaría 500 dólares. En ese caso, la compra del hardware insumiría US$ 60 millones ($ 900 millones).
«Pero si sólo se hace en algunas provincias, comenzaremos comprando unas 40.000 o 50.000 máquinas para 2017, lo que costaría entre US$ 20 millones y US$ 25 millones», señaló un funcionario que trabaja en ello. También subrayó que las mismas máquinas tendrán otras aplicaciones para el Estado en tiempos no electorales.
Habrá tres grandes licitaciones: una para las computadoras (hardware), otra para el programa informático (software, aunque se evalúa desarrollar un programa en el Estado) y otra para las boletas de papel que llevarán un chip. «Pero el grueso del costo estará en las máquinas», señalan en la Casa Rosada. Habrá, luego, pequeñas licitaciones en montos menores vinculadas a la conectividad, las redes de comunicación, la logística, el mantenimiento y al manejo del data center de Arsat.
La más fuerte pelea se produjo por la gestión y control del centro de cómputos.
¿Quién hará el escrutinio provisorio, qué dirá la ley, y con qué centro de cómputos? La CNE y la oposición en el Congreso (el PJ, el Bloque Justicialista, el Frente Renovador y la izquierda) exigieron que el escrutinio lo gestione la CNE para sacarlo de la esfera del ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y la Dirección Nacional Electoral (DINE). El macrismo estuvo de acuerdo y modificó el proyecto.
«La gestión del escrutinio es la recepción y difusión de datos», señaló una fuente de la CNE. Como los jueces no tienen centro de cómputos, estarían de acuerdo con usar el data center de Arsat. «Queremos un organismo público estatal», señaló uno de ellos.
En medio de esta discusión, el martes último hubo una reunión clave entre Ibarra, Adrián Pérez y Dalla Vía. Y ayer Dalla Vía y Santiago Corcuera, el otro juez de la CNE, estuvieron con el jefe del bloque de la UCR Cambiemos, Mario Negri. Hubo acuerdo en todo.
El ministro de Modernización, Ibarra, sostiene que la CNE debería relevar todas las necesidades de la auditoría, del control y de la homologación del proceso (técnicos, perfiles y horas de trabajo). Y sobre ello deberían proponer un presupuesto, que sería asentado en la nueva ley del Congreso.
En la CNE señalaron que se discutiría un porcentaje, de entre el 4 y el 6%, sobre el costo total de la operación. También tienen objeciones sobre el sistema de BUE y señalan que en el dictamen no está asentado que los jueces gestionarán el escrutinio ni el presupuesto.
En el Gobierno dijeron que los jueces tendrán acceso a todo el sistema y que todos sus requerimientos estarán escritos en la ley.
fuente LA NACIÒN