Habían sido simples testigos, pero ahora quedaron en el núcleo de la investigación judicial. Las dos hijas de José López serán sometidas a una amplia pesquisa patrimonial, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Obras Públicas. Bajo la lupa está el contrato de alquiler que una de ellas celebró con empresarios que fueron proveedores del Estado.
Por pedido de la Sala II de la Cámara Federal, el fiscal Federico Delgado debió ampliar el objeto procesal de la causa contra López y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas una «amplia investigación de los bienes» de Mariana Soules y Araceli López, hijas del ex funcionario. Entre otras medidas pidió levantar el secreto bancario y fiscal de las dos nuevas imputadas.
Hasta ahora, además del propio López, estaban complicadas su esposa (María Amalia Díaz) y su suegra (Lucila Amalia Corvalán), debido a que habrían colaborado con el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas. Las hijas no habían quedado comprometidas en la presunta operatoria para disimular el patrimonio familiar. Pero la semana pasada, la Cámara pidió profundizar esa línea de investigación.
Delgado le requirió al juez que le solicite a la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe «de todo el patrimonio que posean Araceli López y Mariana Soules, y que se señale si registran reportes de operaciones sospechosas (ROS)». También pidió solicitar antecedentes a la AFIP y que el Registro de la Propiedad Inmueble informe si existen bienes a nombre de alguna de las hijas de López.
Alquileres
Otra pista que deberá seguir el juez Rafecas es la vinculada a los alquileres de departamentos en un edificio de la avenida Las Heras al 2000, en Recoleta. Los familiares de López llegaron a ocupar cuatro unidades de un mismo edificio, siempre mediante contratos de locación con distintos dueños, según los papeles. La Cámara se pregunta si López repitió el modus operandi que siguió con el chalet de Tigre, donde habría simulado estar alquilando para ocultar la propiedad.
En particular, tanto la Cámara como el fiscal pidieron investigar un departamento que figura a nombre de una empresa que cosechó abultados contratos con el kirchnerismo. Se trata de la unidad 13° B, donde vivió Mariana Soules, «hija adoptiva de López», describe el escrito judicial.
Soules le alquiló el inmueble a la empresa Marketing y Eventos, que pertenece a Carlos Gianni y Marcos Marconi. Delgado resaltó los nexos de estos empresarios con el anterior gobierno y recordó que son los mismos que organizaron la Feria de Infraestructura y Servicios (Ferinse), celebrada en Costa Salguero en 2009. «Si bien fue presentada como un evento privado, Gianni se encargó de cursar invitaciones para la que denominó «una feria para el ministerio» [de Planificación]», manifestó el escrito, tal como reveló LA NACION. En diálogo con este medio, Gianni negó haber sido contratado por la ex cartera de Julio de Vido y aseguró que «la feria se hizo con aportes privados».
Delgado recordó que la empresa también fue contratada para hacer stands en Tecnópolis. «No sólo Marketing y Eventos conecta a Gianni con suculentos negocios con el Estado», siguió el fiscal. Agregó que el empresario es el presidente de la firma Turicentro, la proveedora de los pasajes de Néstor y Cristina Kirchner hasta 2012. Hay más nexos: esa agencia de viajes también fue contratada por el Ministerio de Economía para viajes oficiales de distintas carteras, entre otras, de Planificación.
Voceros de Gianni resaltaron que los contratos por la venta de pasajes presidenciales comenzaron en 2002 y que Turicentro no fue la única empresa contratada por Economía. Brindaron, además, una explicación más sencilla acerca del contrato con la hija de López. «La madre de Soules era clienta de Turicentro, estaba buscando un departamento para su hija y así surgió el alquiler», indicaron.
Mientras sus hijas quedaban más complicadas por la Justicia, López transcurrió Navidad sin visitas familiares en la cárcel de Ezeiza. La soledad fue motivo de un episodio depresivo, el viernes pasado, y así se lo manifestó a la psicóloga del penal. A pesar de las nuevas medidas judiciales, el juez Rafecas espera elevar a juicio oral la etapa de la causa que ya fue concluida, aunque se estima que esto ocurrirá recién después de la feria judicial.
fuente LA NACIÒN