Una veintena de legisladores oficialistas acusaron al embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, de ejercer inmiscuirse en la justicia de ese país.
Senadores chilenos criticaron la decisión del Gobierno argentino de apoyar la liberación de Facundo Jones Huala. A través de una carta dirigida al embajador en Chile, Rafael Bielsa, advirtieron que la defensa de la administración de Alberto Fernández al líder mapuche “representa la intención de inmiscuirse en uno de los poderes del Estado de Chile de manera flagrante”.
Facundo Jones Huala fue extraditado de Argentina a Chile hace tres años. En ese momento, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó a seis años de cárcel por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué el 9 de enero de 2013, y a tres años por posesión ilegal de armas de fabricación casera, solicitó otra vez la libertad condicional y este sábado se conoció que en la audiencia que analizó el pedido estuvo presente Rafael Bielsa, que defendió a Huala.
Los legisladores acusaron al embajador argentino de no respetar los tratados internacionales y le advirtieron que más señales como la suya podrían “afectar gravemente la convivencia entre ambos países”. La misiva está firmada, entre otros, por los senadores Felipe Kast , Francisco Chahuán, José García Ruminot, Jacqueline Van Rysselberghe, José Durana, Luz Ebensperger y Juan Castro, Juan Antonio Coloma y Rodrigo Galilea.
“Nos parece que cualquier acción que busque beneficiar a un delincuente de estas características, que defiende la lucha armada, el terrorismo y la violencia como método de acción política, es contraria a la defensa de los principios democráticos que nos inspiran”, señalaron los senadores de Chile.
En la Argentina, la UCR ya presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que el embajador Bielsa sea citado y explique su participación en la defensa de Facundo Jones Huala. Los argumentos de los diputados opositores son similares a las críticas que el lunes expusieron sus pares chilenos.
“Resulta inconcebible que un Embajador argentino se inmiscuya en asuntos internos y judiciales de otro país en contra de nuestra tradición diplomática, puesto que la propia Cancillería en sus reglamentaciones establece que los diplomáticos no pueden ser parte de los procesos judiciales ni interceder para obtener exenciones de prisión o proporcionar asesoramiento legal”, señala el proyecto.