Minería china contaminó ríos y destruyó parte de la reserva nacional El Sira en Perú

Continúa la deforestación y contaminación de los ríos por la actividad minera perpetrada por ciudadanos chinosen la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional El Sira, que se encuentra en la provincia de Puerto Inca en Huánuco, Perú.

Durante meses se realizaron protestas contra chinos relacionados con la empresa Shuan Ghesheng Group SAC., e incluso el Ministerio del Ambiente había anunciado en septiembre su pronta expulsión, sin embargo, un reportaje peruano denunció que siguen trabajando normalmente y que, incluso, alegan estar tramitando los permisos.

Una retroexcavadora, cargadores frontales y dragas están dejando un “paisaje desolador”, informó Actualidad Ambiental.

“No le importa ni al Presidente ni a los funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco, quienes no tienen reparos en otorgar concesiones en estas áreas, y los hacen a organizaciones que no muestran el menos respeto por prácticas ambientales correctas”, denunció Panorama.

Este delito denunciado en el video de Panorama el 10 de noviembre, es uno más de reiteradas denuncias contra chinos del mismo grupo. El Ministerio del Ambiente, respondió el 12 de noviembre que son cometidos por los ciudadanos de nacionalidad china Lin Zhu y Yu Huihua.

Desde 2001, la Reserva Nacional El Sira, ubicada entre la selva tropical y la montaña, fue declarada una zona de protección alrededor de la selva natural.

El Ministerio Ambiental confirmó que se evidenció que estos ciudadanos “realizan minería ilegal con maquinaria pesada, deforestando bosques y contaminan los recurso hídricos”, por lo cual la procuraduría de delitos ambientales los incluyó en una investigación de tráfico ilegal de insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal de su compatriota Yuanguang Yi, a través de la empresa Shuan Ghesheng Group SAC.

Tramitación de permisos en zonas de amortiguación

“En el reportaje (de Panorama) aparece Lin Zhu, socio de Yi Yanguang quien ya ha sido denunciado en diversos medios. Ambos son accionistas de la empresa Shuan Ghesheng Mining Group”, dijo César Ipenza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), según Actualidad Ambiental.

Ipenza agregó que “llama la atención las declaraciones de Lin Zhu, quien señala que están ‘tramitándose’ más autorizaciones a través de sus socios o titulares.

¿Qué tramitación podrían tener estos ciudadanos si deberían estar fuera del proceso de formalización como lo anunció el mismo Ministerio de Energía y Minas? ¿Acaso aún no los han sacado del proceso?”, denunció el ambientalista.

En este sentido, Ipenza destacó que después que Yi Yanguang fue denunciado por desarrollar minería ilegal en Cusco, Madre de Dios y Huánuco, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, declaró en septiembre pasado que varios extranjeros, entre ellos Yanguang, llegan al país para financiar la adquisición de herramientas usadas en esta ilícita actividad e incluso algunos se dedican a explotar el oro en zonas no permitidas. Respecto a estos ciudadanos chinos dijo que serían  expulsados del paíspor no regularizar su situación.

“Lamentablemente se evidencia que este ciudadano chino se sigue burlando de las normas y de las autoridades”, apuntó Ipenza.

Fiscalía de Cusco

Yanguang es investigado en la Fiscalía Ambiental de Cusco por la comisión del delito ambiental en la modalidad de tráfico de maquinarias destinadas a la minería ilegal, agregó el reporte.

Al ciudadano chino se le incautó una máquina excavadora en el distrito de Quincemil, la cual estaba siendo reparada, según detalla la Disposición Fiscal N 01-2013. En la audiencia de apelación, “Yi Yanguang pidió la devolución de su maquinaria alegando que nunca ha realizado minería ilegal y que sus retroexcavadoras y cargadores frontales sólo realizaban actividades a pedido de la población de Huánuco y que estaban destinadas a realizar carreteras”, agrega el medio peruano.

Actualidad Ambiental puntualizó que el abogado de Yanguang es Rafael Castillo Ísmodes, quien defendió a Joy Way fue condenado por haber favorecido a empresas chinas en la suscripción de contratos con el Estado para la compra de tractores, en el mismo proceso que sentenció a  ex ministro del régimen de Fujimorti a siete años de cárcel.