La sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si reabre la causa principal con la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra el gobierno de Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA. Se trata de la misma sala, integrada por los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros, que el año pasado bajo las presiones del kirchnerismo confirmó el archivo de la causa que había decidido el juez Daniel Rafecas sin investigar nada.

Ayer, Rafecas concedió las dos apelaciones que presentaron en tal sentido el fiscal Gerardo Pollicita y la DAIA ante la aparición de nuevos hechos como el audio -revelado en un libro- del ex canciller Héctor Timerman admitiendo que la bomba a la AMIA la pusieron los iraníes. No obstante, estos nuevos hechos están ya siendo investigados por el juez federal Claudio Bonadio en la causa contra Timerman por supuesta traición a la Patria.

Si esa sala -que votó en sintonía con los K- ratifica su decisión de mantener el archivo, Pollicita y la DAIA irán a la Cámara Nacional de Casación. Si en este tercer nivel el fiscal de Casación, Javier de Luca, también mantiene su negativa, Pollicita y el fiscal de cámara German Moles no podría seguir apelando pero la DAIA sola podría llegar hasta la Corte Suprema reclamando ser querellante en la causa.

Mientras tanto, ayer Pollicita opinó que “el agravio que motiva esta presentación se construye sobre la base de considerar que la resolución (de Rafecas) no valoró adecuadamente la nueva prueba aportada a la causa vinculada a una conversación atribuida al ex canciller Héctor Timerman”, indicó Pollicita.“Esta situación constituye un caso típico de selección arbitraria del material probatorio que afecta el principio lógico de razón suficiente que debe imperar en toda resolución y del cual se deriva una afectación al derecho a la tutela judicial efectiva de los pretensos querellantes”.

Pollicita peticionó que “se proceda a la reapertura y prosecución del presente trámite con intervención de este Ministerio Público”, es decir que se vuelva a investigar la denuncia de Nisman contra la ex presidenta, Timerman y otros allegados a su gobierno. Desde aquel archivo del 2015, además del audio entre Timerman y el ex presidente de la AMIA Guillermo Borger, Clarín reveló que el ex canciller no consultó, como correspondía, a su secretaria de Asuntos Legales, la experta en derecho internacional Susana Ruiz Cerutti.

Rafecas había cerrado rápidamente en el 2015 la causa por la denuncia de Nisman argumentando que las dos hipótesis delictivas que esbozó el difunto fiscal no existieron como tales.

“Ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por la Fiscalía en su requerimiento, se sostenían mínimamente, la primera (“Comisión de la verdad”), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las “notificaciones rojas”), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmentía de un modo rotundo y lapidario”, resolvió Rafecas en marzo de 2015.

Nisman denunció a Cristina, a Timerman y a un grupo de otras personas, entre ellas funcionarios y legisladores, acusándolos de encubrir a los iraníes imputados de pergeñar el atentado a la AMIA.

Cuatro días después, en enero de 2015, Nisman fue hallado muerto con un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.

El miércoles la jueza del caso de la muerte de Nisman, Fabiana Palmaghini, pidió que se identifiquen los teléfonos celulares y fijos que usó la ex presidenta los días previos y posteriores a la muerte del fiscal. Lo hizo luego de que este diario difundió que el registro de entradas a la Quinta de Olivos de esas fechan había sido borrados.

 

fuente CLARÌN

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